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CARTA ABIERTA
Nota inicial: el presente documento es fruto del intenso debate colectivo desarrollado en
[Texto para el debate en
Sin Estado no hay Nación
La preeminencia de las corrientes ortodoxas en materia de pensamiento económico durante los últimos treinta años constituyó el principal sustento ideológico de las políticas neoliberales aplicadas en la región e implicó la negación axiomática del carácter esencialmente social y político de las relaciones vinculadas a la producción y distribución del excedente económico. La profusión de esta mirada redundó en un cambio cultural paradigmático con negativas implicancias en materia de desarrollo estructural y derechos sociales y económicos básicos de nuestro pueblo.
Presentada como una ciencia exacta, independiente de cualquier conflictividad social, la economía convencional avanzó en el establecimiento de agendas de política económica dirigidas a limitar la intervención pública sobre las tendencias del mercado. El derecho ilimitado del accionar privado, con prescindencia de su impacto sobre el conjunto social a corto, mediano y largo plazo, se impuso como principal noción cultural rectora de las políticas económicas.
Problemáticas centrales del debate económico, como el desarrollo, la distribución del ingreso, el logro del pleno empleo, la preservación de los derechos laborales, la planificación y el estímulo a la industrialización, entre tantas otras, fueron erradicadas de la agenda económica, de los planes de estudio y ridiculizadas en los ámbitos especializados.
Sucesos tan disímiles como el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar, la crisis hiperinflacionaria de finales de los años 80 y el supuesto triunfo histórico del mercado como único regulador social luego de la caída del Muro de Berlín, indujeron cambios político-culturales profundos, redefiniendo los límites de los ámbitos público y privado. El Estado, como principal esfera receptora de las tensiones y contradicciones entre clases y sectores sociales, privatizó sus potestades intervencionistas en materia económica, transfiriéndolas al mercado. Liberadas las fuerzas asimétricas de los agentes económicos de los límites impuestos por la institución que debía velar por los intereses colectivos, el rumbo económico apuntó a la concentración de la riqueza, el empobrecimiento y la desarticulación del aparato productivo.
Lejos de desaparecer, el Estado fue reconfigurado en función de los intereses de un núcleo económico de diversos orígenes. La desarticulación de las normas, instituciones y mecanismos públicos de intervención sobre el mercado -imprescindibles para conducir un programa de desarrollo con equidad- completó la reforma neoliberal del Estado y dio estabilidad de largo plazo a la descomunal transferencia de excedentes económicos desde el Pueblo hacia un núcleo concentrado de capital local y extranjero.
La reorganización neoliberal del Estado también incluyó la reducción de la cantidad, la calidad y formación de sus cuadros técnicos. En lugar de aprovechar la extensa experiencia acumulada durante décadas de regulación estatal, abriendo la posibilidad de reformular aspectos deficientes, se optó por su prescindencia. Se llegó incluso a nombrar funcionarios cuyo principal objetivo residía en destruir la calidad de los servicios y la situación económico-financiera de las empresas públicas con el fin de generar las condiciones necesarias para su posterior privatización. El proverbio implantado rezaba: “achicar el Estado es agrandar
El reciente conflicto con los empresarios agropecuarios por la aplicación de derechos de exportación móviles, profundizó una incipiente tendencia a recuperar nociones básicas de
El nucleamiento de la nueva derecha en torno al rechazo a las retenciones móviles aportó simultáneamente un punto de acumulación opositora hasta entonces ausente y un rechazo a la intervención del Estado en la economía. Y aunque intente disimularse, este hecho político-discursivo evidencia un parentesco innegable con la lógica neoliberal que dominó los programas económicos de la última dictadura y de la década del 90. Supuso, en los hechos, un reeditado darwinismo social estrechamente vinculado a la liberalización comercial, la apertura financiera, la desregulación, las privatizaciones y la descentralización operados durante esos períodos de la historia reciente argentina.
Es necesario destacar el inmenso costo social y económico de este tipo de políticas, en momentos en que diversos actores comienzan a reclamar una vuelta a las tendencias de aquellos años. El corolario de esas reformas, combinadas con esquemas de tipo de cambio apreciado y acelerado endeudamiento externo, residió en la desarticulación del aparato productivo local, el aumento del desempleo y la pobreza. El masivo ingreso de importaciones produjo la quiebra y liquidación de empresas que podrían haber sido eficientes en otros escenarios, interrumpiendo las trayectorias de aprendizaje tecnológico construidas en etapas previas. El desempleo alcanzó tasas exorbitantes, cercanas al veinte por ciento y la pobreza atrapó a la mitad de la población.
Si la crisis de 1989-1990 tuvo un efecto disciplinador en la sociedad que coadyuvó a la consolidación del pensamiento y el modelo neoliberal, la crisis de 2001-2002 llevaría a un reconocimiento general de su fracaso. La reactualización del escenario ideológico que tuvo lugar en los últimos años permitió el resurgimiento de un discurso nacional-transformador que reconoce la importancia de la equidad, en comparación con la eficiencia, como pauta de desarrollo social, y propone un modelo económico alternativo a los programas neoliberales instalados a partir de 1976.
No obstante, las disputas mantenidas recientemente reflotan viejas controversias planteadas en los años de industrialización incipiente con altos niveles de empleo y avances en la distribución del ingreso, en los que las antinomias Estado/mercado y agro/industria dirimían la orientación del modelo de desarrollo nacional. La experiencia de esa etapa muestra que la adopción de un sistema de tipos de cambio diferenciales, a través de un tipo de cambio alto con retenciones, constituye una medida de política heterodoxa orientada a profundizar el desarrollo industrial.
Las declaraciones que buscaron imprimir un tinte “confiscatorio” a las retenciones (derecho cuya imposición es facultad legítima del gobierno nacional) y las fantasías de un grupo minoritario de los actores del campo, que pretendió identificarse con
Uno de los pilares del régimen económico heterodoxo que viene sosteniendo el gobierno nacional, es el mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo y estable a través de la intervención del Banco Central para evitar la apreciación cambiaria. La obtención de superávits fiscal y externo permite recrear un modelo con una mayor participación del Estado en la economía, y reducir la dependencia externa a partir de la acumulación de reservas. La cancelación de las obligaciones con el FMI y el Club de París, y la conquistada quita en la deuda externa son medidas concretas emblemáticas dirigidas a fortalecer la soberanía económica y la posición internacional del país.
La política económica de tipo de cambio real alto incrementa la competitividad de las exportaciones y promueve la sustitución de importaciones por producción local, conllevando un crecimiento sostenido de la actividad económica. La rehabilitación y reindustrialización de la estructura productiva local permitieron aumentar la productividad e incentivar la creación de empleos. En este contexto, la política de negociación a través de paritarias ha hecho posible obtener incrementos en los salarios reales de los trabajadores.
La necesaria recuperación de los mecanismos de intervención pública en la economía es indispensable para desarrollar una política de ingresos que contemple la gestión de precios y salarios. El control de la evolución de los precios internos debe plantearse garantizando la preservación de las mejoras obtenidas en materia de ingresos. En tal sentido, la política antiinflacionaria debe ser funcional a políticas de distribución, y no a la inversa.
El incremento sostenido de los precios erosiona los ingresos de la clase trabajadora y del conjunto de la población de ingresos fijos, al tiempo que amenaza uno de los pilares centrales del modelo económico: el tipo de cambio real. También es necesario considerar que las tradicionales y conocidas políticas de estabilización sustentadas en apreciaciones cambiarias, restricciones al consumo popular y/o enfriamientos de la economía empeoran la vida de los sectores populares.
Sostenemos que el Estado debe enfrentar las tensiones entre los intereses de clase en torno a la apropiación de los frutos del crecimiento económico e intervenir en el comportamiento de los sectores económicos dominantes con el objetivo de viabilizar la redistribución social del ingreso.
El esquema de retenciones propuesto en la resolución 125 incrementa de manera esencial los efectos del modelo macroeconómico sobre el desarrollo industrial nacional, al funcionar como un sistema de tipos de cambio múltiples. Su aplicación, además, permite desacoplar los precios internos de los alimentos de los fijados en el mercado internacional. Mientras que las retenciones reducen el nivel de precios, la movilidad hubiera moderado sus variaciones posteriores. El debate sobre el uso de este mecanismo posee profundas raíces en nuestra historia nacional desde la imposición del esquema agroexportador de 1880.
La consolidación de una estructura productiva diversificada y el incremento de las ganancias de competitividad requieren de una intervención planificada del Estado. Es un ejercicio soberano imprescindible para coordinar los objetivos de la política económica en múltiples niveles, incorporando programas sectoriales específicos y regímenes de promoción a la exportación y a la innovación tecnológica, que apunten a resolver las problemáticas más complejas de los distintos sectores productivos. La ausencia de políticas efectivas en este sentido, así como de avances en el necesario diseño estratégico de un proyecto económico de transformación nacional, conducen a sostener la política económica exclusivamente en la reforma macroeconómica acompañada de medidas coyunturales aisladas. Por este sendero quedarían nuevamente postergadas las definiciones de largo plazo de orden estructural.
Sólo la intervención consciente y planificada del Estado, y en particular la dirigida a proteger a los sectores populares más vulnerables, es capaz de articular un modelo de desarrollo nacional que persiga el bienestar general por encima de los intereses económicos particulares. Una hipotética actitud pasiva ante los conflictos latentes y explícitos, dejaría el camino libre para la imposición de los intereses de quienes concentran el poder económico en Argentina.
Para impulsar un modelo económico de desarrollo con equidad es indispensable la reconstrucción de un imaginario social que recupere la relevancia de lo político y la intervención del Estado como requisito para promover el crecimiento de
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ECONOMÍA OCTUBRE 2008
La crisis del federalismo fiscal
El ex presidente Néstor Kirchner reivindicó hace pocos días el derecho de la provincia de Buenos Aires a recibir una cuota mayor de coparticipación federal. Para argumentar su posición se basó en el hecho de que en 1988 la ley 23.548 redujo en varios puntos porcentuales la participación de esa jurisdicción en la distribución entre provincias. Varios analistas vincularon la propuesta con las elecciones del año próximo, rebajando a un mero nivel de reparto de porotos una cuestión que es de máxima importancia en un país federal y evitando así abordar la cuestión de fondo: ¿qué significa que una provincia reciba más o menos que lo que le corresponde en carácter de coparticipación?, ¿cuánto le corresponde?
Actualmente, los recursos de coparticipación se distribuyen según un coeficiente porcentual fijo para cada provincia establecido en la ley 23.548 de 1988. Esos porcentajes se acordaron de manera provisoria porque surgieron de una negociación política coyuntural y no contemplaban ningún criterio objetivo que permitiera una actualización cuando la situación cambiara. Sin embargo, nunca se volvió a discutir el tema y sólo se realizaron modificaciones puntuales en la década del ’90.
El antecedente previo a ése es el de la ley 20.221 de 1973 que establecía tres criterios de distribución a partir de los cuales debía calcularse el porcentaje de cada provincia: la cantidad de población, su dispersión y la brecha de desarrollo. Para la dispersión se usaba como variable de cálculo la densidad media de habitantes por km2 y para la brecha de desarrollo tres indicadores: número de automóviles por habitante, nivel educativo y condiciones de vivienda de cada provincia. Más allá de algunas imperfecciones, se trata de criterios distributivos consensuados que deberían tenerse en cuenta, pues la distribución debe hacerse asegurando transferencias que conduzcan a garantizar situaciones de igualdad para todos los ciudadanos del país y no según la participación de cada provincia en el total de la recaudación.
El área de Economía del Sector Público de la Universidad Nacional de General Sarmiento realizó un ejercicio de aplicación actualizada de la fórmula de distribución definida en la ley 20.221 con el objeto de comparar ese resultado con la distribución efectivamente realizada en 2007. Dicho ejercicio requirió adaptaciones menores de la metodología definida en la ley, lo que no invalida sus resultados que son, por demás, ilustrativos.
Tomando en cuenta la ley 20.221, la provincia de Buenos Aires se encuentra altamente perjudicada por la distribución de 2007. Le hubieran correspondido 2048 millones de pesos más que lo recibido sólo por coparticipación y si se toma el total distribuido (incluidos los ATN) esa diferencia aumenta a 3257 millones. También resulta perjudicada la ciudad de Buenos Aires en 1146,5 millones de pesos, como consecuencia del peso que tiene en la fórmula de reparto la cantidad de población (si se toma el total de transferencias asciende a 1727 millones de pesos).
En cuanto a las jurisdicciones “favorecidas”, llama la atención que las mismas son el resto de las provincias sojeras que instalaron un discurso de supuesta injusticia en el reparto de los recursos durante el conflicto de los productores rurales con el Estado (aunque se referían fundamentalmente a la distribución primaria entre la Nación y las provincias). En 2007, Córdoba recibió 1056 millones más de lo que le hubiera correspondido con la aplicación de la fórmula de la ley 20.221, Santa Fe 1108 millones más y Entre Ríos 755 millones extra. Si se toma el total de transferencias esos valores ascienden a 1592 millones, 1401 y 999 millones, respectivamente. También recibieron recursos adicionales Chaco, San Juan, Tucumán, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, Mendoza, Salta y Jujuy.
La reivindicación de aumentar la participación de la provincia de Buenos Aires en la coparticipación se manifiesta más que justa y necesaria a partir del ejercicio realizado. Sin embargo, la solución de esta cuestión sin formular un nuevo, racional y consensuado sistema de distribución no contribuirá a resolver el problema de la crisis del federalismo fiscal en Argentina.
* Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Peritos
El 1 de Octubre comenzó en el Consejo la inscripción para actuar como perito en los distintos fueros de la justicia de la Capital Federal por el año 2009.
La inscripción se realiza en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires personalmente o puede hacerse vía Internet, para lo cual es imprescindible contar con la clave personal para operaciones electrónicas. En el caso de no conocer la misma, sugerimos comunicarse con mesa de ayudas al 5382-9550.
Es importante tener en cuenta que para efectuar la inscripción, es requisito estar al día con el pago del derecho de ejercicio, por lo tanto quienes registren deudas por este concepto deberán cancelarlas antes de iniciar el trámite.
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