Experiencias de políticas públicas con enfoque de derechos humanos en materia de seguridad humana.
Hacia una visión estratégica de América Latina y del papel de la gestión de políticas públicas. Estado, educación y proteccionismo social.
I. El papel del Estado.
La función del Estado es relevante en estos momentos, ya que la regulación de la violencia de la moneda, es una necesidad imperiosa para limitar los efectos de la crisis.
La primera necesidad es la de incrementar el control de la volatilidad de la liquidez. Para lo que se requiere un sutil manejo de la relación entre tasa de interés de referencia y tipo de cambio local, acompañando los vaivenes de la moneda clave y de las tasas de referencia internacional.
En ese plano la otra característica relevante es la de poder orientar la escasa inversión productiva a los temas focales que permitan reducir el costo de producción, y facilitar la acumulación.
Para ello es imprescindible decidir en la región latinoamericana una política de infraestructura, una energética, y una de desarrollo de tecnologías aplicadas con el objeto de obtener alta productividad.
La coherencia de los sistemas productivos tiene que ser una meta a alcanzar en el largo plazo, pero mientras tanto tiene que haber segmentaciones productivas adecuadas permanentemente, para poder consolidar el aprovisionamiento del mercado interno protegido y consolidar una política comercial propia frente a terceros países.
Este desafío, se precipita en el tiempo a causa de la crisis internacional, lo que obliga a su vez, a tener que formar cuadros técnicos que puedan afrontar la situación. Cada vez es más necesaria una burocracia regional, que pueda dar una respuesta eficiente a la gestión de las economías locales y a la inserción internacional bajo premisas mercantilistas.
La formación académica y científica tiene que ser incorporada a la gestión del Estado. Dicha gestión asume rasgos más multinacionales, lo que obliga a reflexionar sobre un paradigma más inclusivo, en donde soberanía y cuestión nacional aparecen imbricadas en regionalización e inclusión social sin fronteras.
La ínter subjetividad en la política de bloque regional, y la cohesión del desarrollo económico común pasan a ser premisas, que deben ser elaboradas en los vértices de los Estados de América Latina.
Para ello es indispensable una formación de masa crítica intelectual que pueda gestionar esta forma de Estado supranacional, respetando la alteridad y generando una justicia social para un conjunto poblacional en expansión.
II. Observaciones a considerar para la formulación y gestión de las políticas públicas.
El proteccionismo social.
Dicen que la realidad es la única verdad. El tema es ver como se expresa, y bajo que formas discursivas puede ser incorporada en el imaginario social, de manera de no destruir el paradigma de progreso y felicidad.
El ser humano se adapta a las situaciones extremas, especialmente cuando esta en juego su supervivencia, y ese es el momento al que sé esta llegando en la crisis actual.
En los países centrales el reflejo pavloviano frente a la carencia, ya parecía haber desaparecido de las clases sociales. Desde la segunda guerra mundial, no se tenía referencia a momentos de pobreza como los existentes en el último año, y los que se prevén hoy.
La diferencia con los países emergentes, es que en estos siempre existe una fracción importante de la población fuera del sistema de reproducción capitalista. Estos excluidos tienen la virtud de ser el piso del cual parte la formación del salario industrial, y de esa manera la posibilidad de participación en la distribución del ingreso.
Dicha virtud del excluido, facilita también una forma de reproducción quasi-doméstica del empleo marginal, con sus carencias asumidas por la sociedad, pero no resueltas. En la crisis este reflejo social aparece como una realidad para los que ingresan en la desocupación, pero caen en una cotidianeidad que desconocen.
Las pautas de reproducción de ese segmento excluido pasan a ser hábito en la sociedad capitalista desarrollada en el momento actual, sin poder el Estado ser garante de mantener una contención social acorde con el Estado de Bienestar, es el caso en
En los EE.UU., también se intensifica con velocidad inusitada el paso a la desocupación, que en seis meses dejo un promedio menor al 5% anual para llegar a más del 8% en la actualidad. Con la diferencia de que lleva años el retiro del papel del Estado como asistente en el sostén de las políticas sociales.
Los servicios de salud, y la previsión social quedan totalmente desguarnecidos en sus capacidades operativas, debido a que los fondos de inversión en crisis tenían como una de sus fuentes claves de obtención de fondos los provenientes de los recursos obtenidos en estos sistemas.
Los fondos de pensión y los ingresos por utilización del sistema de salud, aparecieron como fuentes financieras en los lejanos años 70 del siglo XX. Junto con los cash-flow de las empresas permitieron las primeras olas de fusiones y absorciones de los 80 y continuaron cumpliendo este papel hasta la última crisis.
Este debilitamiento del capital propio, lleva a los efectores de salud privados y a los que gestionan fondos de pensión a ser los que más rápidamente necesiten el auxilio y el rescate total de parte del Estado.
La esperanza de este sector de capitales individuales, es que el Estado sea propietario durante un período corto de tiempo, y que con la recuperación de la economía se vuelquen nuevamente fondos para facilitar la privatización.
En esta temporalidad la expectativa es en lo inmediato negativa. El Estado mide la inversión de fondos sin contraparte real, al mismo tiempo que la necesidad social se transforma en acuciante.
Revertir este momento requiere de una acción rápida, focalizada y armónica entre los Estados nacionales, hacia el interior de los mismos, para luego poder negociar en conjunto, formas ampliadas de participación y contención social.
El gasto público exige para poder solventar el empleo y la política social, una masa ingente de recursos genuinos. De allí que el debate más primario es el de la política fiscal y de las reformas tributarias que superen los viejos y tradicionales criterios de disminución de impuestos para facilitar la expectativa racional del empresario.
Esta herramienta mal aplicada resulta similar a la baja de la tasa de interés. Llega un piso a partir del cual la baja de tasas no produce efectos sobre la falta de confianza del empresario individual. De igual manera un incremento salvaje del requerimiento impositivo desconociendo las formas de respuesta particularizadas de cada formación social puede llevar al extremo de la insubordinación fiscal, pasando por un aumento de la elusión, la evasión y el fraude.
La recaudación fiscal, elemento clave durante el último período de la globalización, para proveer recursos genuinos, pasa a ser una necesidad imperiosa para la continuidad de los planes de rescate financiero. Si la crisis perdura en el tiempo y no se nota una recuperación de la eficacia del capital, el comportamiento kaleckiano, del riesgo y la incertidumbre futura, como barrera a la entrada a la inversión productiva, obligan a la obtención permanente de superávit fiscal.
Sin embargo, la política de gasto público, y de fiscalidad compensatoria tiene que poder afrontar drenajes constantes del erario público. Este contrasentido, lleva a que se requiera el uso de las reservas monetarias, de los fondos anti-cíclicos, y finalmente de una política de restricción fiscal, que termina siendo el chaleco de fuerza del Estado en su intervención directa.
Esto produce la necesidad de una concertación de los Estados nacionales para que el proteccionismo fiscal no desaparezca, y pueda facilitar la motivación e inducción del consumo individual.
En un momento más dilatado esta motivación al consumo, tendría que revertir la percepción al riesgo del inversor privado, de forma de volver a recomponer el ciclo productivo, con nueva capitalización empresarial, y la incorporación de tecnología y maquinaria de última generación.
El proteccionismo fiscal tiene como límite la sensibilidad social respecto a la credibilidad del uso correcto de los fondos que el Estado gasta para esta tarea de recomponer la reproducción del capital.
El acceso a la educación.
La crisis agudiza rasgos y comportamientos en nuestras sociedades, que parecían superadas en el tiempo. Las enfermedades endémicas que parecían erradicadas, las discriminaciones por etnias y por identidades antropológico culturales diversas, y finalmente las tradicionales diferencias de clase social.
Cada vez es más notorio el deterioro en la educación formal, la escuela ya no es solamente el ámbito exclusivo para la calificación y conocimiento de las pautas e informaciones necesarias para el mercado laboral.
Otros papeles sociales le son demandados. En muchos lugares de América Latina son el marco de contención, para proveer alimentación y condiciones de sociabilidad que el medio familiar no puede cumplimentar.
También la educación es el reflejo de las secuelas del crecimiento desigual, y esos rasgos de diferenciación social se acentúan en la crisis. Cada vez es más notoria la ruptura de la formación pública y de la privada.
El acceso a la educación se sitúa en segmentaciones sociales por poder adquisitivo. Esto fragmenta el conjunto de conocimientos que pueden ser adquiridos, limitando la movilidad social y transformando la masa poblacional en grupos cerrados que no pueden interactuar entre sí en relaciones sociales de colaboración.
La distancia entre los grupos sociales se acrecienta tanto en momentos de auge económico como en fases de depresión en el ciclo.
En el largo plazo esta dificultad de acceso a la educación, se constituye como una barrera a la entrada a nuevos estadios de reproducción cultural, y se instalan como una forma estructural de violación de los derechos humanos.
Esta visión ampliada del marco de los derechos individuales y colectivos, tiene vinculación directa con la crisis sistémica, que es intrínseca a los desequilibrios estructurales que produjo la globalización en la sociedad.
En Latinoamérica esto impacta de manera directa en la gestión de las políticas públicas, que no pueden generar procesos creativos en el campo de la educación, ni del acceso a la representación política para una democracia no formal.
El Estado tiene entonces que asumir el papel de garante de la reproducción cultural, ya que la carencia en educación, así como en el sistema sanitario y de salud, producen efectos de mediano y largo plazo.
La destrucción de las redes de contención en estos campos, repercute inmediatamente en violencia cotidiana, expansión de las adicciones y de las enfermedades sociales sobre la infancia, los jóvenes y los desocupados cronificados fuera del mercado.
La exclusión social adopta finalmente condiciones pre-capitalistas de ubicación de los grupos excluidos, que sostienen una disociación entre la expectativa de satisfacción potencial de las necesidades individuales y la realidad del cumplimiento de los derechos públicos.
Esta disociación en la interacción de segmentos poblacionales, se identifica en situaciones espaciales, tanto en los ámbitos nacionales como en los locales.
Los muros concretos no son solo materiales, sino que parten de situaciones de ghettos educativos y culturales, que sostienen las distancias en el acceso a la reproducción económica por la norma de consumo, y los rasgos de identidad en la vigencia de los derechos del ciudadano.
La distancia política entre la retórica de los discursos de integración social y la realidad fáctica de la condición de vida aparece entonces con la mayor crueldad durante la crisis. La velocidad de caída en situaciones de carencia expresa la debilidad con la que nuestras clases dirigentes tratan de desarrollar las políticas públicas, para los momentos de crisis.
Entre la estética del discurso y la aplicación de la metodología del uso del poder, surge una distorsión ética que no puede ser fácilmente saldada.
Esto nos convoca a reflexionar sobre un necesario trabajo de planificación en los distintos países de América Latina. Este nuevo diseño de proyectos y de medidas de políticas económicas y sociales tiene que facilitar la obtención de resultados concretos en la formación de recursos humanos y en la resolución de los conflictos provenientes de las secuelas que dejará la crisis.
Aspecto económico y jurídico institucional
Es la dificultad para que el Estado garantice un entorno jurídico institucional que permita el buen manejo y la gestión de la tensión existente entre una distribución del ingreso desigual y no equitativa, y el incremento salvaje de la desocupación y la miseria en el momento de crisis.
Es decir el Estado debe cumplir un papel de gestor institucional y eficiente administrador de los bienes y servicios públicos. Papel que durante la globalización es puesto en cuestionamiento y forma parte de las “fallas” del modelo.
Esta dificultad es una característica del funcionamiento social en los países subdesarrollados en los cuales la gestión se efectúa en un escenario de corrupción y falta de transparencia en la decisión de inversión.
Esto facilita el posicionar a las fracciones dominantes de capital en una competencia imperfecta con una ganancia de monopolio durante la secuencia del ciclo.
Este tema es de especial relevancia durante la crisis. En donde la debilidad mayor de la gobernabilidad, es la de lograr que el Estado se posicione como articulador de la fragmentación social, y logre contener las expresiones del conflicto social así como encauzar las condiciones de producción para dar validación a las expectativas de ganancia empresarial.
El papel del Estado es determinante del origen político del ciclo económico. La tensión entre la forma de distribución del ingreso y la tasa de crecimiento del producto se manifiestan en todo su realismo.
En el caso de la inversión productiva para reponer el stock de capital, al igual que para satisfacer una demanda efectiva creciente originada en la expansión de la norma de consumo, el comportamiento del empresario esta envuelto en la percepción que tenga sobre las condiciones institucionales en las que efectiviza su avance de capital.
La mejora del marco institucional y la reducción abrupta de la corrupción facilitan una respuesta más rápida para salir de la depresión y crisis. Esto significa que las condiciones sociales y culturales del entorno del empresario individual le permitan recuperar la confianza necesaria para arriesgar más allá de las señales racionales que le indica el mercado.
La percepción, y el imaginario son fundamentales para recomponer la fiducia, la confianza en el sentido veneciano del término, que permiten al inversor elegir la opción productiva, frente a las otras formas de reproducción del capital.
En dicha gestión institucional, debemos señalar los condicionantes y desvíos que provienen de una participación política burocrática que se encuentre enajenada a prácticas desleales en la gobernabilidad.
Es decir que la dirigencia del Estado en los países subdesarrollados es proclive a estar imposibilitada de ejercer formas de gestión eficientes del capital en la globalización, bien por retardos en su capacitación o por encontrarse sumisa a la problemática de la corrupción.
Este último tema el de la corrupción, puede en la crisis, transformarse en prioritario para el condicionamiento de la nueva inversión, al igual que para la reposición del stock de capital existente. Y junto a este entorno de la preferencia por la ganancia productiva, debemos agregar lo que atañe a la fijación del salario.
El carácter estructural que este tema, puede asumir en los países subdesarrollados, lleva a que los empresarios se adecuen a un accionar de competencia imperfecta, cuyo rasgo monopólico, no proviene del tamaño de la inversión, o del posicionamiento en el proceso de centralización del capital, sino de su posibilidad de ser privilegiado su vínculo político con la conducción del Estado.
Esta forma particular de determinación política del ciclo económico, es de tal importancia que tiene que ser tomada como uno de los rasgos principales en los escenarios de crisis, de manera de poder desarrollar una política de Estado que límite y le quite relevancia a la corrupción, en la decisión de inversión.
Los procesos de destrucción del stock de capital invertido, los de modificaciones en la propiedad del mismo, sean estos por privatizaciones o por absorciones en quiebras y concursos empresariales, son momentos en los que un alto nivel de corrupción en el comportamiento social tergiversan la salida ordenada de la crisis.
La expresión de las fracciones individuales de capital no es transparente, y esto puede influir para que se prolongue la crisis en el tiempo, y no se pueda revertir el imaginario colectivo de una influencia política que le quita transparencia a la inversión y retarda la salida de la crisis.
De más esta decir, que esto se agrava en las situaciones en las que no se contempla la tendencia a una distribución de más en más equitativa del ingreso y se agudiza la pobreza y la exclusión social.
Los países subdesarrollados viven el impacto del crecimiento económico como una condición sine qua non para la presentación de resultados positivos de gobierno y el acceso a nuevos períodos de los mismos representantes políticos.
Los actos electorales se definen en muchas ocasiones por cifras no comprobables de rendimiento económico y de cumplimiento de prácticas sociales, que recuerdan las estadísticas de las oficinas del Gosplan en periodos en que la nomenklatura de la planificación centralizada necesitaba mostrar éxitos para mantenerse en la burocracia estatal.
De igual manera la dirigencia política de los países subdesarrollados, precisa durante la globalización producir estadísticas acordes con su necesidad de supervivencia, más que con la realidad del comportamiento económico.
También es necesario destacar el papel que tiene el Estado de tutor y sostén de la seguridad jurídica de la inversión y del ahorro de los componentes del mercado financiero y productivo.
Al ser garante de la propiedad privada debe el Estado evitar las fallas y desvíos en la competencia del mercado que faciliten las prácticas desleales en las posiciones y actitudes de las fracciones individuales de capital.
En el período de la globalización uno de los elementos que tergiversan los precios relativos y la forma de la competencia es el mal uso de los activos y del capital líquido.
El lavado de dinero es el ejemplo paradigmático de esta temática, ya que la utilización del mismo cambia costos de producción, valuación de los componentes del stock de capital fijo, y por consecuencia las pautas de la competencia del mercado.
El proceso de concentración y centralización del capital en su forma tradicional se agudiza y tergiversa, debido a la poca transparencia de la expectativa de ganancia. Los países subdesarrollados en los que el Estado resigna el control de la gestión de la volatilidad del capital líquido son aquellos paraísos que atraen el comportamiento desleal y las malas prácticas empresariales.
La corrupción se generaliza en el sistema, superando el aparato público, ya que el mercado incorpora como una variable no mensurable una volatilidad del capital líquido que busca validarse socialmente a costa de malas prácticas en su implantación real en la reproducción.
Este rasgo se acentúa cuando las sociedades se encuentran inmersas en el chaleco de fuerza financiero que provoca el perverso círculo vicioso existente en la crisis durante la globalización.
La imposibilidad de cumplimentar con los contratos de crédito local e internacional, se acompaña por la fuga en un comienzo del ahorro local hacia plazas financieras más seguras. Esto provoca una recesión mayor a la de la propia tendencia del ciclo a la depresión, que se acentúa por la caída abrupta de la demanda agregada por ajuste del gasto público y retraimiento de los consumos individuales.
Como consecuencia de la depresión, generalmente acompañada por un proceso de deflación y ajuste salarial, el sector bancario entra en quiebra y se reestructura en un proceso de concentración de activos que impacta sobre el crédito y la relación banca-industria.
La centralización del capital, surge entonces no como un resultado de la quiebra de los capitales individuales, sino como modificación de la autonomía de dichos capitales en la toma de decisiones de inversión.
El ingreso de capitales líquidos no transparentes en la competencia genera una posibilidad de imperfección en el mercado, que impacta en la adquisición y fusión de activos. A la vez dichas inversiones líquidas tienen una alta volatilidad, ya que su objetivo no es la ganancia empresarial tradicional, sino una validación social para reingresar a la circulación financiera sin restricciones legales.
Este blanqueo de activos líquidos puede solventar la oferta monetaria en moneda clave e incluso impulsar la inversión en momentos de recesión, sin por ello sostener un proceso de modificación productiva.
La liquidez en el mercado financiero puede encontrar en este lavado de dinero una fuente importante que elimina la astringencia y al mismo tiempo sostiene una relación entre tasa de interés y tipo de cambio acorde con la inserción internacional.
Esto puede funcionar por un tiempo corto, especialmente en los momentos de crisis en donde se interrumpe o disminuye la regulación bancaria; hasta que se recomponga la relación social que contenga los capitales productivos y les provea el marco capitalista adecuado a una natural reproducción del capital.
La volatilidad de estas formas de inversión lleva a visualizar ciertos mercados financieros de países subdesarrollados como plataformas de reciclaje y giro de dinero no validado en prácticas acordes con la ética de la competencia del mercado.
Las prácticas desleales de estos capitales salvajes, puede desnaturalizar una economía en crisis, llevándola a un comportamiento similar al de los paraísos fiscales y financieros, del tipo off shore, sin tener en cuenta el sistema productivo y el mercado local.
De allí que en los estudios del comportamiento de la demanda efectiva y de la eficacia marginal del capital, durante la crisis, no se puede dejar de considerar el rasgo de volatilidad creciente de estos capitales líquidos, que no responden a las pautas jurídico institucionales tradicionales del sistema capitalista.
En los momentos en que se interrumpe el vínculo de regulación y control supranacional de los cumplimientos del endeudamiento externo, la entrada y salida de capitales más volátiles se acrecienta y constituye una característica del momento del ciclo.
Generalmente la salida de los mismos se produce dentro de una masa de ahorro nacional que se fuga de la crisis bancaria por falta de confianza e incertidumbre, que se refleja en el índice de riesgo país.
Dicho de otra forma, en los momentos extremos de la relación crediticia externa, a saber cuando los estados nacionales entran en default, y queda un paréntesis con las normas jurídicas internacionales, es cuando más opera la forma de plataforma financiera tipo off shore de los mercados locales.
En el interregno de esta particularidad de volatilidad financiera en la crisis, se efectúa también la desvalorización del trabajo productivo y el desconocimiento de las formas legales de distribución social del ingreso. A saber el incumplimiento de las obligaciones tributarias o el desconocimiento del salario en su forma capitalista de retribución.
Se produce un violento cambio en la contención social, con ampliación de los grupos carenciados, la pobreza extrema, el delito y la violencia cotidiana.
Se puede contemplar como ejemplos de este fenómeno los casos de la crisis en Rusia en el 2000 y
Estas situaciones límites de interrupción de las normas y pautas de convivencia social y de salvaje expropiación del valor para disminuir la presión generada por el chaleco de fuerza financiero en sus dos expresiones la tasa de interés y el tipo de cambio, son propias a la corrupción estructural del sistema en la globalización.
El desconocimiento de la relación fiscal, acompaña la violación de las normas sociales, es consecuencia de la imposibilidad de garantizar la relación monetaria y los ingresos por salarios. La crisis al romper el contrato social en sus formas de representación política en el Estado, manifiesta así toda su violencia.
Regularizar la relación mercantil y centralizar la política de gestión burocrática en el Estado son las formas de control del proceso de recomposición del vínculo capitalista.
Para ello los límites sociales a la corrupción tienen que ver con el origen político del ciclo económico.
La distancia entre definición y voluntad política y adscripción al poder real por parte de las fracciones individuales del capital es la que marca la pauta de la posibilidad de resignificación del papel del Estado. Pero la convalidación de su funcionamiento es propia del reconocimiento social vía la institucionalidad democrática.
Es en esa circunstancia que el ciclo económico vuelve a tener vigencia y que la crisis se supera en un nuevo estadio de cristalización entre estructura económica y poder político. El contrato social pasa a tener reconocimiento para fijar las pautas legales de la distribución del ingreso y de la forma de explotación en el proceso de trabajo.
La corrupción como forma alienada de la sumisión del trabajo a la especulación financiera, es en la globalización una característica estructural difícil de superar. Disminuir el impacto que la misma tiene sobre el riesgo y la percepción del inversor individual es un elemento determinante para poder recuperar las pautas tradicionales de una relación mercantil.
Poder político y gobernabilidad institucional son determinantes de una convivencia social que pueda permitir avanzar en las pautas naturales del ciclo económico entre consumo e inversión.
Quizás lo más rescatable del neokeynesianismo en la actual globalización sea su aporte respecto a la necesidad de implementar políticas activas respecto a la distribución del ingreso. El objetivo es, ciertamente, la equidad en la distribución del ingreso, la llegada a la justicia social.
Los contenidos en este “revival” neokeynesiano en la política económica actual están ligados a las fallas del neo-liberalismo para gestionar la globalización. La reivindicación de los países subdesarrollados es la de resolver los condicionantes que provoca el chaleco de fuerza de la deuda externa y del comportamiento especulativo financiero en el sistema económico internacional.
La volatilidad de capitales, el desconocimiento de las formas de salario, y la permisividad en las transacciones que llevan a la corrupción y a la perdida de normas éticas de comportamiento afloran en el conjunto del sistema.
Para modificar estos rasgos, de más en más estructurales del sistema, es necesaria la voluntad política de cambio. En esta voluntad tiene que tomar prioridad el fortalecimiento del papel del Estado para que el mismo tenga un comportamiento activo que permita orientar la inversión y ampliar la demanda efectiva, logrando la reincorporación del sector excluido al ámbito de la reproducción capitalista.
Estos contenidos pueden tener una implementación inadecuada y diluir la significación primordial si pierden el sentido y los principios de obtener una distribución del ingreso acorde con las necesidades de reproducción de todos los sectores sociales que integran los mercados nacionales integrados a la globalización.
La eliminación paulatina de la fragmentación económica y social, que es hoy la secuela más notoria del proceso de globalización, deben disminuirse fortaleciendo las identidades nacionales, en el marco de una gestión y regulación que cada vez más requiere de un consenso internacional.
IV. Conclusión.
El desencadenamiento de la crisis internacional en el sistema financiero, especialmente en el sector bancario de amplia exposición en préstamos con bajo respaldo de solvencia, llevó en el corto plazo a una recesión y debacle en el valor de los activos físicos, en la capacidad productiva empresarial y en el precio relativo de los productos e insumos primarios e industriales.
La recesión con desocupación y deterioro de las relaciones de producción, se instala en el centro del sistema, pero al mismo tiempo se transmite en directo a los países emergentes.
La consecuencia es una disminución del volumen del comercio internacional, y la búsqueda de un nuevo paradigma productivo. La incorporación de tecnologías limpias en la producción, y una modificación de las formas de producción, con incorporación masiva de robotización y máquinas de control numérico será una consecuencia lógica del incremento necesario de productividad.
La utilización de materias primas de forma intensiva, al igual que la modificación de los servicios será también motivo de disputa en la posesión del patrimonio globalizado de las firmas y empresas. La concentración y centralización del capital bancario, vía la absorción de la banca de inversión por la banca comercial, es solo un primer eslabón en la cadena de producción, comercialización y financiamiento del ciclo económico.
La forma de determinación del salario y la norma de consumo van a tener que sufrir una amplia reformulación para poder ser bases normativa para salir de la crisis.
En ese contexto el Estado tendrá que cumplir un papel de garante de los derechos sociales y del respeto de los derechos humanos. La seguridad jurídica de las personas, el acceso al derecho, así como a la satisfacción de las necesidades básicas de reproducción social y cultural tienen que ser defendidos durante la crisis.
En el caso Argentino, el papel de intervención estatal, esta asumido por la clase dirigente, lo cual facilita la concepción de las herramientas a utilizar. El problema es la capacidad de gestión de dicha dirigencia para aplicar políticas de Estado, coherentes y adecuadas en tiempo y forma con la demanda de la situación local y global.
La carencia de cuadros formados en la gestión para situaciones de intervención estatal, es secuela de la debilidad institucional en la formación y capacitación de una masa crítica eficiente y consustanciada con su función.
En otro contexto, dentro de la realidad de América Latina una carencia de estructura institucional de que ejerza un liderazgo ampliado, como burocracia capaz de propuestas creativas, y de decisiones racionales, en el marco de una integración regional, acentúa las condiciones de inestabilidad e incertidumbre en las actitudes a tomar en la crisis.
La búsqueda de obtención de excedente económico, deja posibilidades ciertas en un mercado global tendiente a la liberalización del comercio y de la inversión, pasando rápidamente a exigir mercados ampliados protegidos de dimensiones continentales.
La gestión del Estado, tiene entonces necesariamente que resignar pautas nacionales de soberanía, para admitir una forma supranacional, de carácter regional, de intervención.
Tanto como Estado garante en última instancia, de la solvencia y buenas prácticas del sistema financiero, como de la inducción de la inversión productiva y de normas progresivas de formación del salario y de la distribución del ingreso.
Capacitar y formar a una clase dirigente de carácter supranacional, tiene entonces que ser una prioridad en América Latina. Esta elite burocrática tiene que estar consustanciada con el objetivo de impulsar el consumo y la producción para salir de la crisis, garantizando la vigencia de los derechos humanos y sociales.
Esto exige limitar la fuga de cerebros y de capitales, así como la de trabajadores inmigrantes hacia el centro del sistema. Para lo cual es necesario crear condiciones de subsistencia que faciliten la reproducción de una norma de consumo, de más en más globalizada.
Mientras que estas definiciones estratégicas se consolidan, es imperioso crear un tejido de contención social para la desocupación creciente en nuestra sociedad. La alimentación básica, la salud generalizada, y la educación elemental, tienen que ser una premisa axiomática de un modelo con inclusión social.
Poder succionar parte del excedente para contemplar estas necesidades vitales, cumple un objetivo de garantizar los derechos humanos a la vida y la libertad, al mismo tiempo que son el sustento de las condiciones de producción necesarias para superar el momento histórico de crisis y depresión del ciclo económico.
La importancia de estas premisas es la de avanzar en un diseño de región, que apunte a una integración, cultural, social y política, que resuelva el determinismo económico desde lo productivo, financiero y comercial, pero que aborde las profundas diferencias en lo antropológico cultural, y en la reproducción social que existen en nuestra sociedad de raíz latinoamericana.
Bibliografía.
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