Esta vez desde la demanda
Por Raúl Sánchez, Contador Público Nacional (UBA) – Docente UBA Y UNLAM
Desde hace tiempo se debatía en la sociedad la necesidad de implementar un ingreso universal para la niñez a los efectos de garantizar en todos los hogares pobres recursos que permitan acceder a bienes que satisfagan necesidades básicas. Este reclamo fue creciendo en el corriente año a partir de los efectos que la crisis económica internacional fue derramando sobre los países emergentes como Argentina.
Dicho debate abarcaba cuestiones tales como el financiamiento de dicho ingreso, discutiendo si se debía sostener con recursos públicos (aún manteniendo la actual matriz impositiva de nuestro sistema tributario) ó si era conveniente establecer dispositivos tributarios más progresivos para profundizar el proceso de mejora en la redistribución de la riqueza.
La primera cuestión guarda un estrecho vínculo con la intención de saldar una deuda ética; con hambre, sin techo, sin condiciones dignas de vida, no hay posibilidad de desarrollo; la segunda tiene incidencia en la construcción de más igualdad, para garantizar oportunidad de posibilidades y garantizar derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y que el Estado debe garantizar por intermedio de políticas públicas, financiada con recursos tributarios donde los que más ganan y donde los que más riqueza posean aporten más.
El gobierno cumplió con empezar a intentar saldar la deuda ética, en una medida audaz, que ningún gobierno constitucional tomó en casi treinta años de democracia ininterrumpida desde 1983; pero se sigue quedando a mitad de camino al no tocar los intereses de los más poderosos. Es loable y sana la actitud del Gobierno Nacional, pero el árbol no debe tapar el bosque: no va a ver un país de iguales si la matriz impositiva sigue tratando de igual manera a los que obtienen recursos en cantidades desiguales.
Las crisis nos aleccionan sobre hechos y nos alertan sobre cómo actuar en el futuro; la crisis económica que se generó en los países centrales está profundizando la desigualdad en el mundo; si no somos capaces de aprender la lección y tomar acciones preventivas, tarde o temprano estaremos pagando las consecuencias.
Otras dos acciones deben rápidamente formar parte de la agenda pública de discusión y encontrar viabilidad en los estamentos parlamentarios y de gestión:
- La reforma de la ley de entidades financieras, para que el ahorro se oriente a créditos accesibles para la producción y la generación de empleo.
- La reforma tributaria, para que los impuestos sobre la renta y la propiedad tengan más incidencia, propiciando a la vez la desgravación en productos de la canasta básica de impuestos al consumo.
Estas dos iniciativas apuntan a lograr mayor igualdad, a garantizar más derechos, a seguir profundizando una mejor distribución de la riqueza; si sumamos a éstas el aporte extra de fin de año para jubilados y pensionados que cobran mensualmente por debajo de los $ 1.500.- mensuales, estamos frente a decisiones que tienen como horizonte seguir sosteniendo el nivel de actividad económica desde la demanda y no solo desde la oferta; seguramente, el efecto será más eficaz y eficiente.
Entradas
